Proponen prohibir celulares en cárceles y cobrar gastos a presos que trabajen
La iniciativa sobre el régimen carcelario nacional abre un debate relevante para Salta y el resto de las provincias sobre la gestión penitenciaria y los costos del sistema penal. Además, el control de las comunicaciones desde los penales busca reducir delitos federales como el narcotráfico y las estafas virtuales que impactan directamente en la región.
El diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. La iniciativa tiene como pilares principales la restricción del uso de teléfonos celulares en las cárceles, la implementación obligatoria de uniformes según la peligrosidad y la creación de un arancel para que los internos que tengan ingresos ayuden a solventar sus gastos de alojamiento.
En cuanto a las comunicaciones, la propuesta plantea prohibir los teléfonos móviles particulares e instrumentar comunicaciones mediante sistemas autorizados y monitoreados. Esto abarcaría el control de llamadas fijas, acceso a internet y correspondencia, habilitando a su vez videollamadas con defensores para agilizar los trámites judiciales. Martínez argumentó que la medida apunta a evitar que se sigan organizando maniobras ilegales como estafas, secuestros virtuales, narcotráfico y lavado de activos desde los penales.
Por otra parte, el proyecto contempla el uso obligatorio de uniformes beige o marrón claro diferenciados con líneas verticales de acuerdo con tres niveles de peligrosidad: leve, medio y alto, dejando prendas lisas para quienes estén por recuperar la libertad. Respecto a lo económico, propone el Arancel Único Carcelario (AUC), con el cual los reclusos que trabajen deberán contribuir al pago de comida, luz, agua, atención médica e indumentaria, sin que esto releve al Estado de asegurar condiciones básicas de detención.