El Senado aprobó la ley de bonos de carbono de Flavia Royón
Para Salta, la media sanción del régimen de créditos de carbono habilita un marco formal para monetizar iniciativas de reforestación, energías renovables y agricultura sustentable en los mercados regulados. En paralelo, la aprobación del régimen RIIR ofrece certidumbre tributaria por tres décadas a proyectos productivos que superen los 12 millones de dólares. Ambas herramientas quedan ahora a expensas de la ratificación de la Cámara de Diputados.
En una Cámara alta habituada a la dilación retórica y a los homenajes de rigor, la sesión arrojó dos instrumentos de técnica legislativa con repercusión económica tangible. Por 61 votos afirmativos contra dos rechazos, el Senado aprobó el proyecto de la salteña Flavia Royón que instaura el marco regulatorio del mercado de carbono. La iniciativa busca articular una contabilidad climática nacional y erigir un registro oficial que impida la duplicidad en el cómputo de emisiones de dióxido de carbono, habilitando la venta formal de estos créditos a compradores locales y foráneos.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica y comercial, la institucionalización de este mercado proyecta quintuplicar los fondos percibidos por las actividades sustentables, tales como la reforestación, el desarrollo de energías limpias o la agricultura regenerativa. El propósito medular radica en sortear las limitaciones del mercado voluntario para insertarse en plazas transaccionales reguladas, las cuales exigen rigurosas condiciones de trazabilidad y pagan cotizaciones sensiblemente más ventajosas.
De modo análogo, el cuerpo legislativo dio curso con 60 adhesiones al Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), formulado por el correntino Eduardo Vischi. Este esquema contempla a empresas medianas y grandes que radiquen capitales por más de 12 millones de dólares destinados a bienes de capital u obras productivas, excluyendo activos financieros. A cambio de exigir un piso del 20% en proveedores locales, la norma consagra la amortización acelerada en Ganancias, la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA y una inalterable estabilidad fiscal por 30 años. Ambas piezas normativas esperan ahora el dictamen de Diputados.