Bullrich pide apurar acuerdos con provincias y marca su propio perfil
El reclamo de Bullrich de acelerar acuerdos con mandatarios provinciales interpela de forma directa a distritos como Salta, donde la certidumbre institucional resulta condición previa para cualquier proyecto productivo. Sin acuerdos políticos sólidos en el Congreso, la aplicación de herramientas clave como el RIGI corre el riesgo de ralentizar las inversiones esperadas en el interior.
La senadora Patricia Bullrich difundió un video de corte proselitista en el que reivindica su conocimiento del país y consolida una posición propia dentro del oficialismo. La iniciativa audiovisual, lejos de limitarse a la estética de las redes sociales, exterioriza un debate sustantivo respecto al método de acumulación política del Gobierno nacional: la jefa del bloque en el Senado aboga de manera explícita por acelerar entendimientos con gobernadores aliados y con sectores del peronismo distanciados de la conducción partidaria, a fin de garantizar la gobernabilidad y destrabar la agenda parlamentaria.
Para las provincias del norte y particularmente para Salta, la postura de Bullrich cobra relevancia institucional. Al subrayar que la mayoría que ungió a Javier Milei se edificó mediante apoyos sucesivos tras las elecciones generales, la legisladora postula un esquema de mayor permeabilidad hacia los mandatarios del interior. En su visión, consolidar un bloque legislativo estable es el paso insoslayable para conferir certidumbre a regímenes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al cual valoró como impulsor sectorial aunque reclamando que su alcance beneficie a más actividades económicas.
Asimismo, Bullrich introdujo una ponderación realista sobre el escenario económico, reconociendo que los índices vigentes aún se encuentran lejos de satisfacer las demandas de la población y que la postergada recuperación debe reflejarse en los ingresos. Este señalamiento sintoniza con las preocupaciones de las economías provinciales, sujetas a la urgencia de coordinar políticas tributarias y de inversión con la Casa Rosada para reactivar la actividad en sus respectivos territorios.