REGULACIONES
Senador Mayans denuncia intento de "robo" de bienes del Estado y venta de energía
La denuncia de Mayans sobre la valuación de activos energéticos y cambios en la Ley de Expropiaciones pega directo en Salta. La provincia, con su infraestructura y recursos, depende de la capacidad estatal para planificar. Estas movidas nacionales definen el margen de acción local.
El debate legislativo en el Congreso argentino escaló con duras declaraciones del senador José Mayans, jefe de la bancada peronista. Mayans criticó el modelo económico y las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, llegando a afirmar: "Se están robando los bienes del Estado". Su foco estuvo en el manejo de recursos estratégicos del país.
El legislador apuntó al sector eléctrico, específicamente al sistema de transmisión de 500 kilovolts. Este sistema, que demandó una inversión histórica de 3.000 millones de dólares, estaría siendo tasado muy por debajo de su valor real. El objetivo, según Mayans, es permitir que inversores privados adquieran el 50% del sistema energético sin una inversión genuina, una maniobra que vinculó a figuras clave del equipo económico.
La denuncia no se limitó a la energía. El senador también cuestionó el estado de proyectos tecnológicos nacionales, como el reactor nuclear CAREM, criticando la intervención de capitales privados y alertando sobre la posible pérdida de soberanía tecnológica. Además, calificó de "gravísima" la reforma de la Ley de Expropiaciones, argumentando que debilita la capacidad del Estado para intervenir en obras de utilidad social (hospitales, escuelas, acueductos) en favor de intereses privados. Advirtió sobre un posible avance sobre recursos naturales, tierras y ríos.
Para Salta, estas políticas nacionales tienen implicaciones directas. La capacidad provincial para impulsar obras de infraestructura pública o gestionar recursos estratégicos —desde el agua hasta la energía— podría verse limitada por una Ley de Expropiaciones debilitada o por la desvalorización de activos estatales. La discusión sobre la soberanía tecnológica, como en el caso del reactor CAREM, también resuena en una provincia que busca un desarrollo productivo autónomo y estratégico.