REGULACIONES
Senado debate ley de biocombustibles; Salta expone postura
El ímpetu legislativo por un nuevo marco para los biocombustibles en el Senado presenta una disyuntiva crucial para Salta y su economía regional. La postura de la senadora Royón, que advierte sobre una apertura indiscriminada del mercado, revela una prudente visión sobre las implicancias de política económica. El diseño final de esta normativa determinará no solo la competitividad de las industrias locales, sino también la estabilidad del empleo y las inversiones, aspectos esenciales para el devenir provincial.
El Senado Nacional ha inaugurado un período de intenso debate en torno a la reformulación de la Ley de Biocombustibles, con siete proyectos en estado parlamentario que procuran establecer un nuevo marco regulatorio. Este consenso general sobre la necesidad de actualizar la legislación vigente, no obstante, disimula divergencias sustantivas respecto a la amplitud del mercado, la viabilidad de las importaciones, la participación de las empresas petroleras y la inclusión del biodiésel.
En el marco de la Cumbre sobre el Marco Regulatorio de los Biocombustibles, la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, propuso elevar el corte de bioetanol al 18%, superando el 15% que delinean la mayoría de las iniciativas. Ávila subrayó la imperiosa necesidad de una previsibilidad a largo plazo para fomentar la inversión privada, y abogó por expandir la discusión más allá del mero porcentaje de mezcla, incorporando a la industria automotriz y promoviendo normativas provinciales que eleven los cortes obligatorios. Su referencia al modelo brasileño, con un 25% de corte, busca enfatizar la potencialidad de un incremento mayor.
La senadora salteña Flavia Royón, por su parte, manifestó una posición cautelosa en lo que concierne a la apertura del mercado, especialmente si esta se supeditara al precio internacional. Su objeción radica en que una variable exclusivamente pecuniaria podría exponer la producción nacional a los vaivenes de sobreofertas, prácticas de dumping o decisiones de política económica ajenas a los intereses locales, con el consiguiente riesgo de afectar la producción, el empleo y las inversiones en el ámbito doméstico.
Royón articuló la necesidad de una integración inteligente al mercado global, provista de mecanismos que permitan la adaptación de aquellos sectores que eventualmente experimenten una pérdida de competitividad. Asimismo, planteó la conveniencia de que las empresas privadas de transporte posean la facultad de incrementar, voluntariamente, el porcentaje de mezcla hasta un 18%, siempre que las condiciones técnicas y económicas lo permitan.