Sáenz y la reelección: el vacío constitucional que deberá resolver la Justicia

A poco más de un año de las elecciones de 2027, la pregunta que ordena la política salteña no es si Gustavo Sáenz quiere un tercer mandato, sino si la Justicia se lo permitirá. El gobernador —electo en 2019 y reelecto en 2023— ya transitó dos períodos consecutivos al frente de la provincia. Lo que está en discusión es si la Constitución que él mismo impulsó lo habilita a buscar una nueva reelección o se lo impide.

El núcleo del debate está en el artículo 140 de la Constitución provincial, reformado en 2021. El texto establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo; si fueron reelectos, no pueden volver a ser elegidos para ninguno de los dos cargos sino con el intervalo de un período. En los papeles, es un límite claro a la perpetuación en el poder, y fue una de las banderas de la reforma, aprobada con 36 votos a favor y 13 en contra.

El problema es que esa reforma no incluyó una cláusula transitoria que precise desde cuándo deben computarse los mandatos. Esa omisión abre dos lecturas opuestas. La interpretación que favorece al oficialismo sostiene que la nueva Constitución rige hacia adelante y que, sin una norma que mande contar el período 2019-2023 como primer mandato, el actual mandato (2023-2027) sería el primero bajo las reglas reformadas, lo que habilitaría una candidatura en 2027. La lectura contraria es más directa: Sáenz ya fue electo dos veces de manera consecutiva, y una nueva postulación inmediata choca de frente con el límite que la propia reforma estableció.

Sáenz se ha movido en esa ambigüedad sin cerrar la puerta. "La Constitución me habilita", afirmó, y deslizó que la decisión de presentarse o no la tomará más adelante. Incluso elevó la apuesta política al advertir que, si no lo dejan competir, se consideraría "proscripto", un término cargado en el clima nacional. Del otro lado, voces como la del fiscal Armando Cazón remarcaron que la reforma de 2021 no fijó cómo computar los mandatos anteriores, dejando la cuestión librada a la interpretación judicial.

Y ahí aparece el dato decisivo: quien deba resolver no será el electorado en las urnas, sino los tribunales. La habilitación o el rechazo de la candidatura pasará por la Justicia electoral y, en última instancia, por la Corte de Justicia de Salta. Ese tribunal acaba de completarse en sus nueve miembros, conforme a la misma reforma de 2021, con dos nombres propuestos por el propio gobernador: Martín Diez Villa, ex Defensor General considerado un hombre de confianza del saencismo, y Martín Plaza, director de la Casa de Salta en Buenos Aires. Reemplazan a Eduardo Catalano y Ernesto Samson, y su incorporación diluyó la impronta urtubeycista para consolidar una Corte más afín al oficialismo. Las designaciones, además, abrieron un conflicto con La Libertad Avanza.

La superposición es evidente: el gobernador que aspira a una interpretación favorable es también quien terminó de integrar el tribunal que deberá dictarla. Eso no implica, por sí solo, un resultado predeterminado, pero sí explica por qué cada movimiento en la Corte se lee en clave electoral. Para VETA, el punto a seguir no es únicamente el desenlace jurídico, sino su legitimidad: una habilitación resuelta por jueces propuestos por el propio interesado quedará expuesta al cuestionamiento opositor, mientras que un rechazo obligaría a Sáenz a sostener —o abandonar— el argumento de la "proscripción". En cualquier caso, el futuro político del gobernador dejó de definirse en el territorio y pasó a jugarse en los estrados.