SOCIAL
Renunció el secretario de Discapacidad tras los cambios previstos en el Presupuesto
Para Salta, donde una porción significativa de la población depende de pensiones no contributivas y de la cobertura del sistema público y de obras sociales, la reforma planteada traslada una severa carga económica a las familias e instituciones sanitarias provinciales. A su vez, la incompatibilidad taxativa entre percibir la pensión e insertarse en el empleo formal conspira contra la formalización laboral en el sector privado local.
Bajo la consabida fórmula de las «razones estrictamente personales», Alejandro Alberto Vilches formalizó su dimisión como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad ante el ministro de Salud, Mario Lugones. El texto de la renuncia, escueto y aséptico, procura trazar una frontera entre la voluntad individual del dimitente y el vendaval político que rodea al proyecto de Presupuesto 2027. Vilches —cuya designación oficial se vincula al Decreto 83/2026 según algunas actuaciones ministeriales, o bien al reordenamiento sobrevenido tras el apartamiento de Diego Spagnuolo el año anterior— abandona el organigrama pocos días después de comparecer en la Cámara de Diputados.
La controversia de fondo radica en la densa reforma normativa que el Poder Ejecutivo introdujo en el articulado presupuestario. El proyecto no solo retrotrae el esquema de las pensiones por invalidez al setenta por ciento del haber jubilatorio mínimo —monto actualmente inferior a los trescientos mil pesos—, sino que consagra una estricta incompatibilidad: quien acceda a un empleo registrado perderá de inmediato el beneficio derivado de su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, la pieza legislativa deroga la garantía de acceso automático a programas de cobertura médica para beneficiarios no contributivos y desarticula la universalidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, transfiriendo a obras sociales y empresas de medicina prepaga la potestad de fijar aranceles a los prestadores, con actualizaciones trimestrales o atadas al IPC en el caso federal.
La técnica legislativa de introducir modificaciones de fondo a través de una ley presupuestaria provocó inmediatas fracturas internas. La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reprochó públicamente no haber sido advertida en la mesa política sobre estas alteraciones a la Ley de Discapacidad, señalando que la decisión resiente los acuerdos con los bloques dialoguistas. En tanto el Congreso delibera sobre la prórroga de la emergencia del sector, la intempestiva salida de Vilches deja al descubierto la fragilidad del consenso técnico respecto de una reforma que incide directamente en millones de personas.