REGULACIONES
Orán inicia desalojo de concejal por deuda de alquiler de tierras fiscales
Esta situación, donde un funcionario público incumple con sus obligaciones contractuales para con el Estado que integra, revela una tensión entre el deber cívico y la gestión de lo público. La implicancia política es evidente: la conducta del edil socava la legitimidad de las instituciones y proyecta sombras sobre la probidad en la administración de los recursos fiscales, esenciales para el desarrollo de la provincia. En el ámbito legal, este procedimiento de desalojo subraya la universalidad de la ley, incluso para quienes la ostentan.
El municipio de San Ramón de la Nueva Orán ha iniciado los trámites para el desalojo de un concejal de cinco hectáreas de tierras fiscales. Se trata del edil Carlos Suárez, quien, además de su rol público, desarrolla actividades comerciales privadas en dicho predio. La medida se impone ante la sistemática falta de pago del canon correspondiente, pese a los reiterados emplazamientos de la administración local.
José Ortega Argibay, secretario de Asuntos Legales del municipio, confirmó la decisión, expresando una cierta frustración ante el incumplimiento: "Confiamos en la palabra pero no cumplió, así que vamos a proceder a pedir el desalojo". Esta declaración, que trasciende la mera formalidad burocrática, revela una dimensión moral en el actuar de un representante comunal.
El mismo funcionario subrayó la ironía de la situación, al vincular el impago del concejal con el debate público sobre el acceso a terrenos municipales. Esgrimió que resulta "irónico que él use las tierras sin pagar, y que al mismo tiempo le niegue esa posibilidad a la gente que busca poder acceder a un terreno para tener su casa propia". Tal contraste pone en relieve la doble vara que, a veces, parece permear la gestión de lo público frente a la ciudadanía.
Si bien el Ejecutivo municipal ha ratificado su determinación de avanzar con el procedimiento de recuperación de las tierras, el material disponible no especifica ni el monto total adeudado ni el lapso exacto del incumplimiento. Tampoco se ha hecho pública una respuesta por parte del concejal Suárez, lo cual deja ciertos claroscuros en torno a una situación que, más allá de lo económico, interpela la ética pública y el respeto a las obligaciones contractuales en el ámbito de la función estatal.