REGULACIONES
Nueve departamentos de Salta exceden el límite de tierras extranjeras
La alta concentración de tierras rurales en manos extranjeras en Salta, especialmente en zonas con recursos estratégicos, podría influir directamente en la política provincial de gestión de recursos naturales y proyectos de inversión. Esto genera un debate sobre la aplicación de las leyes de tierras y la autonomía territorial frente a intereses externos, interpelando la efectividad de las regulaciones actuales.
Un informe reciente, titulado “Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina” y publicado en marzo por El Observatorio de Tierras, ha revelado que nueve departamentos en Salta superan el porcentaje permitido de tierras rurales en manos extranjeras.
Mientras que a nivel nacional, aproximadamente el 5% de la superficie rural argentina es de propiedad extranjera, este porcentaje se eleva significativamente en áreas estratégicas de Salta. San Carlos lidera la provincia con un 60% de su superficie rural extranjerizada, seguido por Molinos (58%), Guachipas (34%), General Güemes (29%), La Viña (28%), Cerrillos (25%), Orán y Cafayate (ambos con 23%), y Chicoana (16%). Estos datos destacan una incidencia superior al límite fijado por la Ley de Tierras (25.737).
El estudio se detiene particularmente en San Carlos, donde identifica una zona clave con glaciares de escombros, fundamentales para la regulación hídrica de los valles intermontanos, y cuatro proyectos mineros previstos. Esta área colinda con Cafayate, que también muestra una considerable extranjerización del 23% de su superficie. Para El Observatorio, la extranjerización de la tierra trasciende el fenómeno meramente económico o inmobiliario, enmarcándose en procesos más amplios de apropiación de recursos estratégicos, los cuales podrían ser potenciados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley 27.742, promulgada en 2024.
El documento concluye que en las regiones analizadas, se observa un patrón recurrente: donde convergen bienes comunes críticos como el agua, simultáneamente avanzan proyectos extractivos, capitales transnacionales y la concentración de la tierra. Esta dinámica, según el informe, se desarrolla en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas que habitan históricamente estos territorios.