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REGULACIONES

La Justicia Federal pide informes por siniestros en Ruta 34

La intervención judicial, al requerir exhaustivos informes sobre la siniestralidad en un tramo vital de la Ruta Nacional 34, subraya la ineludible obligación estatal en materia de infraestructura y seguridad vial. Ello podría derivar en un escrutinio más riguroso sobre las partidas presupuestarias destinadas a estas obras, impactando directamente en la planificación económica y política provincial. Esta solicitud también refleja una judicialización creciente de las deficiencias en los servicios públicos, estableciendo un precedente en la exigencia de responsabilidad.


En un movimiento que denota la persistente preocupación por el estado de las vías de comunicación en la provincia, la Justicia Federal ha solicitado formalmente informes exhaustivos respecto a la siniestralidad en la Ruta Nacional 34. Esta medida se inscribe en el marco de un amparo presentado en el año 2025, cuya finalidad primordial es conminar a la Nación a ejecutar las obras de mantenimiento y reparación imprescindibles en el corredor vial.

El requerimiento judicial focaliza su atención en el tramo que se extiende entre Urundel y Salvador Mazza, una extensión aproximada de doscientos kilómetros cuya trascendencia para el flujo comercial y turístico resulta innegable. La motivación detrás de esta petición reside en la necesidad perentoria de compilar información oficial y fehaciente sobre la frecuencia y las características de los accidentes viales registrados en el segmento en cuestión, constituyendo un pilar fundamental en la etapa probatoria del litigio.

El letrado patrocinante de los demandantes, Dr. Facundo Maciel, ha indicado que el expediente se halla en una fase de producción de pruebas, subrayando la acuciante problemática que representa la ausencia de inversiones. Esta situación, en su consideración, agrava de forma patente el riesgo inherente a la transitabilidad de la ruta, instando a una pronta y eficaz resolución por parte de las autoridades competentes. La injerencia del poder judicial en asuntos de esta índole pone de manifiesto la relevancia de la tutela jurisdiccional para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante la inacción o demora administrativa.

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