SOCIAL
La Iglesia reclamó al Gobierno medidas concretas por las deudas en discapacidad
En Salta, donde los prestadores y familias dependen fuertemente de los fondos nacionales y pensiones no contributivas, el retraso arancelario desde 2023 asfixia la operatividad de los centros de asistencia. La definición en el Congreso entre prorrogar la emergencia o sancionar un régimen permanente determinará el financiamiento real y los incentivos laborales para el sector en el interior.
Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para exponer la situación crítica de las personas con discapacidad y las entidades que las asisten. María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Iglesia, advirtió tras el encuentro que los gestos de diálogo deben traducirse en realidades. El reclamo central apuntó al incumplimiento de la ley de emergencia vigente y a la necesidad de cancelar compensaciones y actualizaciones de aranceles adeudadas entre 2023 y 2025.
En la reunión, encabezada por el jefe de Gabinete de Salud, Roberto Olivieri Pinto, la comitiva eclesiástica —integrada también por monseñor Raúl Pizarro y el padre Aníbal Quevedo— entregó un documento con demandas técnicas y pidió sumar más actores a la mesa. Para Salta y las provincias del norte, la falta de regularización de estas partidas afecta de manera directa a los hogares de asistencia y a los profesionales locales, cuya sustentabilidad financiera depende de los pagos de la administración central.
El debate se da en paralelo a la puja legislativa en la Cámara de Diputados, donde vence a fin de año la emergencia actual. El oficialismo logró dictamen de mayoría con 42 firmas para su proyecto de 'Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad', mientras que la oposición sumó 36 firmas para prorrogar el esquema de emergencia. La iniciativa oficial busca fijar un mecanismo definitivo de actualización arancelaria, garantizar prestaciones y pensiones, y otorgar beneficios impositivos a empresas que contraten a personas con discapacidad.