SOCIAL
Jorge Macri acordó postergar la Marcha del Orgullo por la visita papal
En Salta, una provincia con fuerte tradición religiosa e instituciones sensibles a los calendarios nacionales, la posible declaración de feriados por la visita papal entre el 8 y el 11 de noviembre impactaría de lleno en la administración pública, escuelas y bancos. Al mismo tiempo, la discusión política sobre la convivencia de agendas diversas y la aplicación de regímenes penales juveniles marca un pulso institucional de interés directo para los municipios y la Justicia provincial.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció un principio de acuerdo con organizaciones LGTBIQ+ para posponer unos días la Marcha del Orgullo prevista para 2026. La decisión busca evitar la superposición con la visita a la Argentina del papa León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Fuentes directas de la organización confirmaron que la comisión se encuentra en pleno diálogo, mientras que el mandatario comunal recordó que en la edición 2025 los propios convocantes ya habían modificado la fecha.
En paralelo a la reorganización del espacio público, el Gobierno nacional evalúa declarar una jornada especial o sumar un feriado al calendario oficial durante la permanencia del sumo pontífice. Esta medida, todavía sin definición oficial, determinará el esquema de funcionamiento para las escuelas, el sistema bancario, la administración pública y la actividad privada. Macri justificó las gestiones en el carácter extraordinario del acontecimiento religioso y remarcó la intención de sostener la convivencia entre distintas convocatorias multitudinarias.
En el plano judicial, la administración porteña sumó otro frente de repercusión institucional: Macri instruyó al ministro de Justicia, Gabino Tapia, para pedir el juicio político a la jueza Laura De Marinis. La magistrada declaró inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de intento de robo, argumentando que la norma resultaba regresiva y que el caso debía atenderse mediante el sistema de protección integral de derechos.