SOCIAL
Hospitales de Salta: más pacientes y $12.000 millones de deuda de obras sociales
Esta coyuntura expone la creciente presión sobre las finanzas provinciales, forzadas a suplir deficiencias de cobertura privada en un contexto de merma de recursos federales. La judicialización de deudas con obras sociales abre un frente legal complejo que podría redefinir las responsabilidades y la sostenibilidad del sistema de salud público en Salta. La demanda de intervención nacional subraya una tensión fiscal y política que impacta directamente en la provisión de servicios esenciales.
La provincia de Salta se halla ante una coyuntura crítica en su sistema de salud pública, donde la demanda de servicios ha excedido de manera significativa la capacidad presupuestaria asignada. Según el ministro de Salud, Federico Mangione, los hospitales atienden a diecisiete personas con recursos previstos para diez, una desproporción que refleja la presión social ejercida por el actual escenario económico nacional. Este incremento se vincula directamente con la pérdida de empleo y la dificultad para mantener coberturas de salud privadas o de obra social, empujando a miles de ciudadanos hacia el amparo del sistema estatal.
La tensión se agudiza al considerar que la administración provincial gestiona una merma en la recaudación y una disminución en las transferencias de recursos federales, al tiempo que debe asumir erogaciones que antes correspondían a la órbita nacional, como ciertas obras de infraestructura vial. El ministro Mangione ha expresado su disconformidad con el discurso optimista emanado desde la esfera federal, subrayando la realidad de una población que lucha por alcanzar el fin de mes y que, en un 67% de los casos de pérdida de cobertura privada, acude irremediablemente a los efectores públicos.
Un factor adicional de profunda preocupación lo constituye la cuantiosa deuda que diversas obras sociales mantienen con los hospitales provinciales. Mangione reveló la convocatoria a nueve de estas entidades para la presentación de planes de pago, destacando la ausencia y el pasivo de OSPRERA, la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores. Se le atribuye una deuda que asciende a aproximadamente $2.000 millones con el Hospital Arturo Oñativia y cerca de $10.000 millones con el Hospital San Bernardo, sumándose a compromisos en Orán y Tartagal, con un arrastre de tres a cuatro años. Ante la falta de propuestas, la provincia evalúa iniciar acciones legales que incluirían intimaciones y posibles embargos de cuentas, lo cual subraya la gravedad de un problema cuya deuda global para 2024 superó los $3.000 millones y que, para 2026, podría alcanzar los $100.000 millones.
El ministro ha sido enfático en afirmar que la salud pública es "innegociable", pero ha advertido sobre el límite de la capacidad provincial para sostener las prestaciones sin una intervención del gobierno nacional. Esta coyuntura pone de manifiesto una palpable fricción política: mientras la nación prioriza el equilibrio fiscal, las provincias se ven compelidas a absorber una demanda social en ascenso con una base de recursos menguante, lo que exige una reevaluación de las responsabilidades fiscales y la búsqueda de soluciones jurídicas y financieras que permitan preservar la calidad de los servicios esenciales.