EMPLEO
Gobierno ratifica paritaria y califica de político el paro universitario
Este conflicto salarial y de financiamiento en universidades impacta directamente a Salta, afectando a miles de estudiantes y docentes de la UNSa. La calificación de "político" al paro tensiona la relación Gobierno-gremios, con potenciales efectos en la calidad educativa y el desarrollo local a mediano plazo. Es clave para la estabilidad del sector.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ha ratificado la convocatoria a la mesa paritaria con gremios universitarios docentes y no docentes para el 1 de septiembre. Paralelamente, la cartera que conduce Sandra Pettovello calificó de "político" el paro nacional anunciado para este miércoles 12 de agosto. Desde el Ejecutivo se defendió la actuación de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, asegurando que se procedió "en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", y se afirmó que "no existe incumplimiento alguno" por parte de la administración nacional para justificar la medida de fuerza.
Por su parte, las organizaciones sindicales universitarias confirmaron el paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre sus reclamos principales, exigen una recomposición salarial, el pago de una deuda estimada por los gremios en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Adicionalmente, denuncian la falta de envío de fondos para cubrir gastos de funcionamiento y el retraso en la transferencia de un incremento del 20% previsto para ese concepto.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir al paro del miércoles. Conadu Histórica, además, anunció una jornada de protesta más prolongada, con un paro nacional desde el 18 hasta el 22 de agosto. Este escenario de conflicto prolongado impacta directamente en las universidades salteñas, como la UNSa, interrumpiendo las actividades académicas y administrativas. La continuidad de las tensiones sobre salarios y financiamiento es una preocupación para la comunidad educativa y el desarrollo regional, al comprometer la estabilidad y el funcionamiento de un pilar clave en la provincia.