REGULACIONES
Funcionarios salteños solicitan ley de derribo por vuelos clandestinos
Esta iniciativa subraya la acuciante necesidad de colmar un vacío legal en la protección del espacio aéreo fronterizo, una cuestión de soberanía y seguridad que impacta directamente en la estabilidad regional. La ausencia de delineamientos normativos claros ha permitido la proliferación de actividades ilícitas, cuya neutralización requiere herramientas jurídicas robustas que armonicen con el derecho internacional. Desde una perspectiva institucional, la formalización de este pedido por parte de actores locales ante estamentos nacionales refleja una coordinación interjurisdiccional vital para abordar problemáticas de índole transnacional que afectan la provincia.
Adrián Zigarán, quien ejerce la intervención en Aguas Blancas, y Eliana Bruno, diputada nacional por La Libertad Avanza, han remitido una nota a los ministerios nacionales de Seguridad y Defensa, en la que instan a una intervención expeditiva para interceptar los denominados "vuelos furtivos". Este pedido formal se acompaña de un anteproyecto de ley que busca establecer un "Régimen de Protección del Espacio Aéreo y Reglas de Enfrentamiento para Aeronaves Hostiles Vinculadas al Narcotráfico", conocido comúnmente como Ley de Derribo.
La misiva, de una precisión inquietante, destaca la vulnerabilidad crítica a la que se halla expuesta la extensa y compleja geografía de la frontera norte salteña, situación que es sistemáticamente explotada mediante operaciones aéreas clandestinas y subrepticias. Los peticionantes enfatizan que la carencia de un marco normativo específico menoscaba significativamente la capacidad disuasoria y de neutralización frente a tales vuelos, clamando por la evaluación de un protocolo de intercepción o la promulgación de normativas que permitan el uso de la fuerza como último recurso contra naves identificadas como amenazas, siempre bajo el estricto apego a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
El proyecto de ley adjunto al requerimiento detalla que la orden final para el derribo de una aeronave deberá emanar, de forma escrita o digital con firma ológrafa o digital, del Presidente de la Nación, o, en su defecto, del Ministro de Defensa o del Ministro de Seguridad. Esta jerarquización de la decisión subraya la gravedad y la excepcionalidad del acto que se procura legalizar, dotándolo de la máxima legitimidad y responsabilidad institucional.
En un aspecto no menor, la concurrencia de la diputada Bruno con un funcionario provincial ha generado lecturas políticas en Salta. La diputada, residente en Orán, ha sido vista colaborando en agenda con funcionarios que responden al gobernador. Zigarán, consultado al respecto, relativizó la suspicacia, aduciendo que existen "cuestiones en común que van más allá de la ideología", y resaltó el conocimiento de Bruno sobre la realidad fronteriza.