REGULACIONES
El Laberinto Eléctrico de Güemes: Edesa y la Frágil Arquitectura de la Confiabilidad Tarifaria
Este episodio no es un mero error contable; revela la precariedad de la infraestructura de medición y la necesidad imperiosa de una supervisión regulatoria más estricta. Sus implicancias se extienden a la confianza ciudadana en los servicios públicos esenciales y, por ende, a la estabilidad política de la provincia, al tiempo que subraya los riesgos de una gestión operativa deficiente.
La reciente anagnórisis de la Compañía de Distribución de Electricidad de Salta (Edesa) en General Güemes, donde 991 usuarios fueron víctimas de una inexplicable distorsión en sus consumos facturados tras el recambio de medidores, trasciende la mera corrección contable para adentrarse en el terreno de las responsabilidades operativas y la fiabilidad de los servicios públicos esenciales. Jorge Salvano, gerente general, adujo 'inconvenientes vinculados al recambio de medidores', una expresión que, por su ambigüedad, sugiere más una falla sistémica en la implementación de una mejora tecnológica que un aislado percance técnico. La prontitud en la admisión del error y la promesa de refacturación, si bien son gestos correctivos, no eximen de un análisis más profundo sobre las causas subyacentes.
El aspecto más revelador de esta resolución radica en la decisión de refacturar el período de mayo 'sin aplicar recupero de energía acumulada'. Esta cláusula, habitualmente invocada por las distribuidoras para compensar mediciones erróneas a su favor, se torna aquí un reconocimiento tácito de una grave falla atribuible enteramente a Edesa, donde el costo de la ineficiencia recae sobre la empresa y no sobre el consumidor. El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), garante de la correcta prestación y facturación, se ve interpelado por este suceso; su rol no puede limitarse a la mera validación de soluciones post-factum, sino que debe ejercer una supervisión proactiva que prevenga tales anomalías, salvaguardando la confianza del consumidor frente a la asimetría de información y poder inherente a estas relaciones contractuales.
El incidente de Güemes, aunque acotado a un número específico de usuarios, proyecta una sombra de duda sobre la eficacia de los procesos de medición y facturación en toda la provincia. ¿Cuántos otros 'inconvenientes' permanecen latentes, imperceptibles para el ojo no experto, pero gravosos para el bolsillo de los salteños? La defensa de Salvano sobre las 'actualizaciones tarifarias' discutidas en audiencia pública, en este contexto de fallas operativas, resuena con una cierta ironía, pues la legitimidad de cualquier ajuste tarifario se ancla indisolublemente en la transparencia y la precisión del servicio subyacente. La ineficiencia operativa, al generar la necesidad de estas refacturaciones y planes de pago, impone costos indirectos al sistema y, en última instancia, socava la credibilidad de los marcos regulatorios provinciales.