REGULACIONES
El interventor de Aguas Blancas cuestionó el control federal del Plan Güemes
El enfrentamiento político entre la intervención de Aguas Blancas y el Ministerio de Seguridad de la Nación evidencia fallas de articulación en la custodia del límite norte. Sin acuerdos claros para ordenar el comercio vecinal y el flujo en los pasos formales, el conflicto operativo profundiza la inestabilidad en una frontera neurálgica para Salta.
La tensión en la frontera norte salteña escaló a una fuerte disputa institucional. Luego de los enfrentamientos registrados el 18 de septiembre entre Prefectura Naval y personas que intentaban trasladar mercadería por pasos no habilitados entre Aguas Blancas y Bermejo —un hecho que repitió el escenario vivido el 25 de agosto con bagayeros—, el interventor municipal Adrián Zigarán cuestionó duramente la conducción nacional del Plan Güemes.
La controversia creció luego de que el subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Martín Culatto, defendiera públicamente la efectividad del operativo con datos interanuales que marcan una suba del 500% en controles de personas, 600% en vehículos y más del 10% en incautaciones. En respuesta, Zigarán descalificó la gestión remota desde Buenos Aires, criticó los constantes recambios de personal que ignora la dinámica local y apuntó también a la ministra Alejandra Monteoliva, reclamando mayor diálogo directo y presencia territorial de los funcionarios nacionales.
Más allá del choque político, el fondo del problema radica en las trabas estructurales del intercambio fronterizo. El paso formal de Puerto Chalanas opera con horarios limitados y demoras que, según la intervención, derivan el tráfico hacia cruces clandestinos. En una zona donde se calcula un movimiento diario de compra de productos bolivianos de entre $1.000 millones y $1.500 millones, y donde el 8 de septiembre se decomisaron 36 kilos de cocaína, la falta de regularización mantiene abierto un foco crítico de conflicto social y de seguridad.