AGRO
El expresidente de Tabacalera Sarandí demandará al senador Enrique Cornejo
El litigio que asoma contra el senador Enrique Cornejo trasciende el mero diferendo entre partes para exponer la fragilidad institucional con que se arbitran los intereses tabacaleros en Salta. La superposición de roles entre la representación parlamentaria y las corporaciones multinacionales vuelve a encender un debate sensible para la recaudación provincial y los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
La arena judicial suele ser el escenario donde concluyen las disputas que la política no logra disimular. Tras la resolución en firme dictada por el juez federal Daniel Rafecas en junio de 2025, que sobreseyó y archivó por inexistencia de delito las acusaciones contra Pablo M. Otero, el expresidente de Tabacalera Sarandí resolvió asumir la iniciativa procesal. Con una demanda ya interpuesta por 600 millones de pesos contra el exdiputado Juan Manuel López, Otero prepara ahora una acción similar contra el senador salteño por General Güemes, Enrique Cornejo, imputándoles una campaña deliberada de hostigamiento para favorecer a Philip Morris.
El episodio vuelve a situar a Cornejo bajo el examen público en Salta, donde ejerce simultáneamente su banca senatorial y el cargo de síndico en la Cámara del Tabaco provincial. Entre los productores locales, la embestida judicial no causó mayor asombro: son conocidas las observaciones que señalan los vínculos del legislador con Massalin Particulares —filial de la multinacional estadounidense—, acentuadas por registros fotográficos que lo ubican en dependencias corporativas durante tratativas vinculadas a inversiones en cigarrillos electrónicos. La frontera entre el mandato representativo y la gestión de intereses sectoriales vuelve así a desdibujarse en el foro público.
El frente legal se suma a las impugnaciones parlamentarias planteadas por el diputado nacional Carlos Zapata. En agosto de 2025, Zapata promovió una cuestión de privilegio contra el propio Cornejo y contra el director ejecutivo de Massalin Particulares, Darío Pulenta, acusándolos de haber coordinado una campaña de presión durante el tratamiento del capítulo tabacalero de la Ley Bases en mayo de 2024. Pese a que las denuncias cruzadas en Comodoro Py y la Fiscalía de Salta fueron archivadas, las secuelas de aquella reforma continúan abiertas: según Zapata, la normativa no produjo las mejoras prometidas en la coparticipación ni en los ingresos genuinos que nutren el Fondo Especial del Tabaco.