REGULACIONES
DNU migratorio genera debate por expulsión de extranjeros y 'discursos de odio'
La implementación de un DNU que modifica la ley migratoria genera un fuerte debate jurídico y político a nivel nacional. Si bien Salta, como provincia fronteriza, no es mencionada explícitamente, este tipo de regulaciones impacta directamente en la dinámica regional y la percepción de Argentina en el ámbito internacional. La discusión sobre la constitucionalidad del decreto añade una capa de incertidumbre al marco legal.
El Gobierno Nacional ha endurecido las reglas migratorias a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, el cual habilita la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de hostilidad o de odio contra argentinos, o ultrajen símbolos patrios. Esta medida ha provocado reacciones inmediatas de la oposición y de constitucionalistas, quienes cuestionan tanto el contenido como el instrumento legal utilizado. Según la Oficina del Presidente, la resolución responde a "las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos", reafirmando que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
Expertos como Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez señalan que el DNU podría ser inconstitucional por la ausencia de "circunstancias excepcionales" que justifiquen su emisión, eludiendo la vía legislativa del Congreso. La diputada nacional Florencia Carignano, ex Directora Nacional de Migraciones, argumentó que si otros países aplicaran una normativa similar, el presidente Javier Milei "no podría entrar" en al menos ocho naciones, incluyendo Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela. Esta crítica surge en el contexto de declaraciones previas del presidente Milei, quien calificó al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", generando un conflicto diplomático. Gil Domínguez también destacó la "paradoja" de que un gobierno que utiliza "mensajes del odio" como política de estado implemente una norma de este tipo, calificando la causal como "propia de la Venezuela de Maduro".
Félix Lonigro diferenció entre el contenido de la reforma y el instrumento. Respecto al fondo, consideró "lógico" y "adecuado" que se revoque la residencia a extranjeros que agredan, aunque reconoció la necesidad de definir "líneas finas" sobre qué constituye un agravio. No obstante, cuestionó que la decisión de expulsión quede en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Poder Ejecutivo, sugiriendo que debería ser evaluada por un juez. Cabe mencionar que la atribución de esta decisión ya estaba contemplada en el decreto 355 del año pasado. Por su parte, el diputado Agustín Rossi advirtió sobre la "peligrosidad" del decreto, al considerar que podría "violentar las garantías individuales y los Derechos Humanos", expresando preocupación por una posible "cacería sobre los migrantes" inspirada en políticas de Estados Unidos como las impulsadas por Donald Trump.