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SOCIAL

Diputados: Oposición busca tratar deuda familiar y emergencia en discapacidad

Esta maniobra parlamentaria en la Cámara de Diputados, al evidenciar la capacidad de la oposición para aglutinar voluntades en temas sensibles, presagia futuros debates legislativos que podrían redefinir el marco regulatorio en áreas críticas como el sobreendeudamiento y los derechos de las personas con discapacidad. Para Salta, donde un segmento considerable de la población enfrenta vulnerabilidades económicas y sociales, cualquier modificación en la legislación nacional en estas materias tendría repercusiones directas en la cotidianidad de las familias y en la estructura de asistencia social provincial.


En una reciente sesión de la Cámara de Diputados, la oposición logró arrinconar al oficialismo al poner en evidencia la existencia de los votos necesarios para impulsar el tratamiento de dos iniciativas que representan un notorio dolor de cabeza para la administración actual: el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Este suceso tuvo lugar en la antesala del debate de proyectos impulsados por el gobierno y sus aliados, como Inocencia Fiscal 2 y la reforma orgánica al Banco Central, demostrando una calculada estrategia parlamentaria.

El diputado radical Pablo Juliano, en una moción de apartamiento de reglamento, solicitó el tratamiento de 48 proyectos acumulados relativos al endeudamiento familiar, enfatizando que muchos de ellos carecen de costo fiscal. Argumentó la necesidad de abrir las comisiones para debatir esta problemática que, según sus palabras, afecta a seis millones de argentinos en situación de mora y sobreendeudamiento, con un universo de veinte millones de personas con deudas. La moción, que requería tres cuartos de los presentes para ser aprobada, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, siendo rechazada. No obstante, la cifra de 133 votos superó el quórum de 129, lo que sugiere la viabilidad de emplazar a comisiones en una futura sesión, con fecha tentativa para el 9 de septiembre, contando además con la adhesión de ausentes que se prevé acompañarán la iniciativa.

Paralelamente, el diputado Juan Marino de Unión por la Patria propuso la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia concluye en diciembre. Este tema no es novedoso; la emergencia fue vetada previamente por el Presidente Milei, ratificada por el Congreso, luego intentó su derogación en el Presupuesto 2026 sin éxito, y posteriormente judicializó la ley, sin obtener un fallo favorable. A pesar de la decisión judicial, los prestadores del sector aseguran que la ley continúa sin aplicarse plenamente. La propuesta de Marino, al igual que la de Juliano, contó con un amplio respaldo interbloque, evidenciando una coincidencia de intereses en la oposición.

Frente a estas iniciativas opositoras, el oficialismo mantuvo una postura de silencio en el recinto, limitándose a votar en contra de las mociones. Esta actitud se alinea con las declaraciones previas del Presidente, quien horas antes, en la Casa Rosada y ante legisladores de La Libertad Avanza, había restado relevancia a la morosidad bancaria, calificándola como "no un problema relevante" y advirtiendo contra la "píldora de la empatía" populista. La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre estas cuestiones de profunda implicancia social y económica, especialmente en provincias como Salta, promete configurar un escenario de persistente confrontación política y jurídica, delineando los contornos de futuras regulaciones y su impacto en la ciudadanía.

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