REGULACIONES
Diputados empieza a debatir la nueva ley sobre Malvinas
La iniciativa no se circunscribe al reclamo insular, sino que instaura un andamiaje institucional que articula defensa, economía e inteligencia bajo la órbita del Ejecutivo. Para el interior del país y distritos como Salta, reviste especial interés la redefinición regulatoria sobre los recursos naturales y la protección de infraestructuras críticas ante contingencias de seguridad nacional.
La Cámara de Diputados de la Nación inicia esta semana el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, remitido por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre. La discusión se estructuró a través de un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, pautado para este miércoles 30 de septiembre con la participación de expositores invitados. El cronograma trazado por el oficialismo prevé una segunda deliberación el martes 6 de octubre con la intención de emitir dictamen y habilitar, sujeto a los acuerdos parlamentarios de rigor, su tratamiento en el recinto al día siguiente dentro de las metas de octubre.
En su dimensión técnica, la norma proyectada deroga y sustituye el régimen instaurado por la Ley 26.659, circunscripto originariamente a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El nuevo articulado expande la potestad punitiva del Estado al sancionar de forma expresa la explotación no autorizada de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Dicho régimen contempla la aplicación de sanciones económicas y penales acumulables, inhabilitaciones administrativas y la prohibición absoluta de contratar con organismos públicos para las personas jurídicas o humanas intervinientes.
El texto trasciende la cuestión atlántica al diseñar un Sistema de Seguridad Nacional y fundar un Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia del titular del Ejecutivo, concebido como órgano de coordinación entre diplomacia, economía, defensa e inteligencia frente a contingencias externas, integrando además la tutela de infraestructuras críticas. No obstante, la arquitectura legal ha suscitado objeciones formales: el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal advirtió sobre la formulación excesivamente laxa de ciertas conductas tipificadas, señalando que la falta de taxatividad técnica compromete las garantías del principio de legalidad y la libre circulación de información.