FINANZAS
Diferencias internas en el Gobierno traban los acuerdos por el Presupuesto
Para Salta y las provincias, la falta de coordinación entre la conducción económica nacional y sus espadas parlamentarias anticipa un tratamiento presupuestario engorroso. Las discrepancias en torno a las partidas y la política cambiaria inciden de forma directa sobre la previsibilidad fiscal que las administraciones provinciales precisan para proyectar sus recursos. Cualquier ruptura en los consensos legislativos demora definiciones operativas esenciales para el interior del país.
Existe una verdad elemental en el derecho público: la ley de presupuesto es, ante todo, un acto de naturaleza jurídica y política donde la técnica hacendística debe subordinarse a la construcción de mayorías. La controversia desatada por las modificaciones al régimen de discapacidad introducidas en el proyecto presupuestario ha dejado al descubierto una desarticulación procedimental severa en el seno del oficialismo. La admisión de la senadora Patricia Bullrich respecto a que dichas reformas eludieron la mesa política y tomaron por sorpresa a la propia bancada oficialista transparenta un vicio recurrente: la pretensión de legislar a espaldas de quienes deben defender la norma en el recinto.
El episodio pone de manifiesto dos tiempos irreconciliables en Balcarce 50. Por una parte, el equipo económico insiste en la intangibilidad del equilibrio fiscal y rechaza cualquier modificación que suponga ceder ante presiones coyunturales, postura respaldada por el presidente Javier Milei, quien conmina a su tropa a blindar el rumbo. Por la otra, el ala política y parlamentaria observa con desasosiego el costo de tensar los vínculos con los bloques aliados y los gobernadores provinciales, cuya colaboración resulta imperativa para dotar de legalidad y sustento a la gestión. A esta pugna se añade la advertencia formulada en reuniones internas sobre la necesidad de que la pauta cambiaria acompañe a la inflación para no asfixiar la competitividad productiva.
Para el sector privado salteño y la dirigencia del interior, habituada a litigar contra la lejanía y la imprevisión del poder central, estas fricciones conllevan una peligrosa incertidumbre institucional. La certidumbre de los negocios y la regularidad de las cuentas públicas dependen de reglas claras, emanadas de un Congreso que funcione con acuerdos sólidos y no bajo imposiciones inconsultas. Si la ortodoxia fiscal se empeña en desatender la muñeca política y el pacto federal, el programa económico corre el riesgo de empantanarse en su propia rigidez normativa.