REGULACIONES
Denuncia de senador: Gendarmes en frontera salteña piden dinero para nafta
Las afirmaciones del senador Curá exponen una potencial disfunción en la asignación y ejecución de los recursos nacionales destinados a la seguridad fronteriza en Salta. Esta situación no solo podría comprometer la operatividad del Plan Güemes, sino que también traslada una carga presupuestaria desproporcionada a la provincia y a los municipios, revelando fisuras en la coordinación interjurisdiccional de políticas públicas esenciales.
El Plan Güemes, concebido antaño como un bastión para la contención y el control del vasto confín septentrional argentino, ha quedado recientemente bajo el escrutinio público a raíz de las severas declaraciones del Senador provincial por Orán, Juan Cruz Curá. En una intervención mediática, el legislador desnudó una faz menos visible del operativo de seguridad, aseverando que los propios efectivos de Gendarmería Nacional se ven compelidos a solicitar peculio para la adquisición de combustible.
Aunque Curá manifestó su adhesión a la iniciativa original, gestada por la Provincia de Salta junto al Gobernador Gustavo Sáenz para la inserción de fuerzas federales en una geografía históricamente asediada por el contrabando y el narcotráfico, su crítica se posó sobre la actual administración de los recursos por parte de la órbita nacional. El senador afirmó con contundencia que los gendarmes carecen de lo elemental para su labor, como el combustible y los botiquines, siendo él mismo objeto de tales peticiones. Eximió, en este punto, a los efectivos de cualquier demérito, atribuyendo las carencias a la falta de provisión adecuada para las bases operativas fronterizas.
Otro vector crítico abordado por el legislador fue la aparente desarticulación política con las autoridades municipales de los departamentos más directamente afectados por la dinámica fronteriza. Según Curá, los intendentes de Aguas Blancas y Orán no fueron debidamente integrados, recayendo sobre las arcas comunales la subvención de múltiples menesteres locales, desde alojamientos hasta asistencias diversas. Esta circunstancia configura, a su juicio, un dispendio presupuestario formidable para la Provincia, mientras el Gobierno nacional, aduciendo escasez de fondos, se habría limitado a enunciar un designio grandilocuente, preteriendo el sostenimiento financiero de una política que, por su naturaleza esencial, debería ser íntegramente garantizada y solventada por la Nación. A pesar de reconocer una mayor asiduidad y coordinación entre la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, alertó que la exiguidad de medios operativos menoscaba la eficacia del esquema.
Finalmente, en un epílogo que trascendió la mera diatriba coyuntural, Curá propugnó una revisión del paradigma de seguridad en la región septentrional. Más allá de la circunscripción del problema a la mera represión del narcotráfico, el senador enfatizó la impronta de un plan económico de alcance integral para la zona. Recordó haber planteado a la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la necesidad de considerar la dimensión productiva, delineando estrategias para la formalización económica y el fomento de actividades que propicien la radicación de empresas y la generación de empleo genuino en la frontera, como contrapunto a la exclusividad de la pugna contra el crimen organizado.