SOCIAL
Cruces entre libertarios y Larreta por los fondos para urbanizar villas
La disputa en CABA refleja dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado que impactan en la discusión política de todo el país, incluida Salta. Mientras La Libertad Avanza busca cortar el financiamiento público a la infraestructura barrial, la defensa de estas obras plantea la necesidad de servicios básicos para integrar zonas postergadas. La pulseada anticipa la postura libertaria frente a cualquier partida presupuestaria vinculada al desarrollo socio-urbano en las provincias.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, abrió una fuerte polémica al calificar como un "fracaso" las políticas de integración en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Fiel al discurso de Javier Milei, Ramírez planteó que durante 50 años se malgastaron recursos de los contribuyentes y defendió un proyecto de su espacio para reformar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) con la meta de dejar de subsidiar estas obras. Desde su perspectiva, el camino debe orientarse al derecho de propiedad y la inversión privada, abandonando lo que definió como la administración estatal de la pobreza.
La respuesta no tardó en llegar por parte del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su exministra de Desarrollo Social, María Migliore. Ambos defendieron las intervenciones realizadas en asentamientos como Fraga, Rodrigo Bueno y el Barrio 31. Frente al cuestionamiento de Ramírez, quien señaló que se gastaron más de 500 millones de dólares en la Villa 31 para una población de 45.000 personas sin cambiar su condición de fondo, Migliore detalló que los fondos financiaron una obra troncal de agua de casi 3 kilómetros desde Figueroa Alcorta, una red eléctrica integral en cuatro etapas, un polo educativo de 26.000 metros cuadrados, pavimentación y mejoras habitacionales que redujeron el delito y las inundaciones.
Por su parte, Rodríguez Larreta acusó a los libertarios de carecer de propuestas concretas y de limitarse a consignas vacías, al tiempo que remarcó que las obras mejoraron los indicadores socioeconómicos y permitieron valorizar terrenos públicos cuya venta solventó los proyectos. A la controversia se sumó la legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri, quien reprochó contradicciones en los pedidos de presencia estatal de los libertarios. La discusión sintetiza una fractura ideológica de fondo: la conveniencia de sostener la inversión pública en infraestructura comunitaria o clausurar el financiamiento estatal directo en zonas vulnerables.