SOCIAL
Crisis química en Lomas de Olmedo: 350 animales muertos y riesgo hídrico
Esta crisis en Lomas de Olmedo expone la debilidad de los controles estatales en la actividad hidrocarburífera de Salta. La inacción o la tardanza en la respuesta no solo devastan el ecosistema y la economía local, sino que también desincentivan futuras inversiones responsables, afectando la imagen provincial. Es un llamado urgente a la revisión de la regulación ambiental y a la aplicación efectiva de sanciones.
La tensión persiste en Lomas de Olmedo, departamento de Orán, Salta, debido a una grave crisis ambiental. Un pozo del yacimiento "Puesto Guardián", identificado como CNO-8 o X-10, es el foco de la problemática. Esta situación se atribuye a una falla sistémica en los controles estatales y a una gestión negligente, con transferencias irresponsables de activos entre concesionarias privadas durante 40 años que priorizaron la explotación sobre la seguridad.
El desastre ambiental se manifiesta con una "lluvia aceitosa" y lagunas tóxicas de colores cambiantes. Estas, al evaporarse, dejan una resina espesa que cubre los árboles, bloqueando la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. Esto ya arrasó 20 hectáreas de bosque nativo, afectando especies como quebrachales, cebiles y palo de papel, una especie en peligro. Además, la contaminación provocó la muerte de más de 350 cabezas de ganado, caballos y animales silvestres como quirquinchos y corzuelas, por ingestión de agua contaminada o asfixia por la constante nube de hidrocarburos.
La toxicidad del sitio es extrema. Pericias oficiales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) confirmaron la saturación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). Se detectaron sustancias neurotóxicas y posibles cancerígenos como etilbenceno y naftaleno, superando los límites legales. Esta contaminación obliga a las familias rurales a un desplazamiento forzado, abandonando sus hogares y recorriendo grandes distancias para atender a sus animales, lo que representa un claro riesgo para la salud pública.
El gobierno provincial dictó el Decreto 826/25 para declarar la caducidad de la concesión y asumir el control operativo. Sin embargo, pobladores y medios como TN advierten sobre la falta de respuestas financieras y operativas concretas para frenar el daño en las napas subterráneas y evitar una tragedia mayor. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace exigen el cumplimiento de la Ley General del Ambiente, que en su artículo 31 establece la responsabilidad solidaria de recomposición y reparación para todas las firmas que operaron en la cadena productiva.