REGULACIONES
Auditoría observa cuentas del intendente de Ballivián con 35 años en el cargo
Este informe de Auditoría sobre General Ballivián pone en relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en municipios con liderazgos prolongados. El cuestionamiento a contrataciones y estados financieros en un gobierno que suma décadas de gestión familiar, marca un precedente sobre la fiscalización y el impacto práctico de la Ley Provincial 8072 en la provincia.
La familia Córdoba ha mantenido una presencia política dominante en General Ballivián desde los años 60, cuando Samuel Córdoba padre fue autoridad municipal. Su hijo, Samuel Gerardo "Picky" Córdoba, asumió la intendencia en 1991 y, para 2026, cumplirá 35 años al frente del municipio. Esta continuidad familiar suma más de seis décadas de poder municipal, incluyendo también la incursión de Ana Laura Córdoba, hija del intendente, en el Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados provincial.
Sin embargo, este prolongado dominio político ahora se enfrenta a cuestionamientos. La Auditoría General de la Provincia aprobó en julio de 2026 su informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020 de General Ballivián y aconsejó al Concejo Deliberante su observación. Entre los gastos examinados, se identificaron aproximadamente $2,45 millones en combustibles, $1,8 millones en repuestos, $731 mil en productos químicos y $1,4 millones en honorarios, sumando unos $6,38 millones a valores de 2020.
La principal observación de la Auditoría se centró en que determinadas contrataciones se realizaron sin aplicar el procedimiento previsto por la Ley Provincial 8072. Esto afecta las garantías de competencia, publicidad, transparencia e igualdad que deben regir las compras públicas. Además, se señalaron problemas en la situación financiera, concluyendo que el Estado de Situación del Tesoro y el Estado de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la situación municipal. La falta de presentación del Estado de Situación de los Bienes impidió completar otra parte del control.
La Resolución Conjunta N°33, publicada el 18 de agosto de 2026, remitió formalmente las observaciones al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo. Aunque el informe no acredita la desaparición de dinero ni constituye una imputación penal directa, sí deja formalmente expuestas deficiencias en la administración de fondos, contrataciones y la documentación financiera de un municipio liderado por el mismo intendente desde hace 35 años.