REGULACIONES
Argentina debate restricciones a la adquisición de tierras rurales por actores extranjeros
Para Salta, esta propuesta de Ley de Tierras podría significar un marco más estricto para las inversiones en sus vastas zonas rurales y estratégicas, como aquellas con recursos mineros o agropecuarios. La necesidad de autorización provincial y nacional introduciría un nuevo filtro que impactaría la dinámica de inversión extranjera en la provincia.
El Congreso de la Nación analiza una reforma significativa en la regulación de la propiedad de tierras rurales, propuesta en el marco del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa busca establecer un nuevo marco legal para la adquisición de campos por parte de extranjeros y empresas vinculadas a gobiernos de otros países, con el objetivo declarado de proteger los recursos estratégicos del país. Esto endurece las condiciones, especialmente cuando involucra a compañías con participación estatal extranjera.
Entre las principales propuestas, el proyecto establece que los estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales en Argentina. La restricción se extiende a empresas con participación directa o indirecta de gobiernos extranjeros, las cuales requerirían una autorización conjunta de la provincia donde se ubica el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Un detalle importante es que, si ambas autoridades no responden en los plazos legales, la operación se aprobaría automáticamente por "silencio administrativo" tras 180 días de la entrada en vigencia de la norma. Además, se buscan mayores controles para evitar el uso de intermediarios o empresas pantalla para ocultar a los verdaderos compradores, considerándolas maniobras fraudulentas con sanciones.
El proyecto también impone condiciones especiales para las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera, donde los compradores extranjeros necesitarán la aprobación tanto del gobierno provincial como del Gobierno nacional. Aunque el texto no menciona explícitamente a China, gran parte del debate político se centra en el crecimiento de inversiones de empresas con participación estatal de ese país. La preocupación gubernamental radica en fortalecer controles para evitar que actores vinculados a estados extranjeros adquieran grandes extensiones de tierras con recursos naturales estratégicos. Este contexto se vio alimentado por la decisión china de que sus empresas en el exterior prioricen su legislación, lo que generó inquietud internacional.
El tratamiento parlamentario de esta propuesta ha generado tensiones políticas, incluso dentro del oficialismo, con trascendidos de diferencias entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La discusión también presenta posiciones encontradas entre diversos sectores económicos: quienes respaldan la reforma argumentan que protegerá la soberanía nacional y los recursos estratégicos, mientras que sus detractores advierten que un exceso de restricciones podría desalentar inversiones productivas. Actualmente, el proyecto sigue en debate en el Senado y deberá avanzar por las instancias legislativas correspondientes.